La CAME respaldó la reforma laboral, pero pidió eliminar artículos que pueden disparar conflictos y afectar la seguridad jurídica de las pymes.
20 de enero de 2026
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fijó posición frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y reclamó cambios sustanciales para evitar un escenario de mayor conflictividad. En un documento presentado ante el Senado, la entidad expresó su acompañamiento general a la iniciativa, aunque pidió eliminar una serie de artículos que, según advirtió, ponen en riesgo la estabilidad jurídica del sistema laboral.
El planteo del sector pyme se centra en los ajustes propuestos sobre los convenios colectivos de trabajo, que podrían desvirtuar el objetivo original de la reforma y abrir una etapa de mayor imprevisibilidad.
Los artículos que generan preocupación en las pymes
El núcleo de las objeciones está concentrado en cinco artículos del proyecto, del 126 al 132, cuya aprobación —según la CAME— podría derivar en un aumento de la litigiosidad y del conflicto laboral.
Riesgos de imprevisibilidad y tensión
Desde la entidad empresaria reclamaron de manera “imperiosa” que esos puntos sean eliminados del texto final, al considerar que introducen cambios estructurales que afectan el equilibrio entre empleadores y trabajadores.
“Podrían generar mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”, advirtieron en el documento elevado a los legisladores.
El cuestionamiento al límite de la ultraactividad
El foco más crítico está puesto en el artículo 126, que restringe la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, dejando afuera las obligacionales.
Choque con la Constitución y la OIT
Según la CAME, esta limitación entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, ya que rompe con la continuidad de acuerdos que hoy funcionan como mecanismo de contención de conflictos.
“Desnaturaliza el convenio colectivo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía de la negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica”, sintetizó la entidad.
Aportes y asimetrías en la negociación colectiva
Otro de los puntos objetados es el artículo 128, que elimina los aportes obligatorios para las entidades empresarias pero mantiene los de las organizaciones sindicales.
Reclamo por trato equitativo
Para la CAME, esta diferencia implica un trato “inequitativo y discriminatorio” que podría afectar la representación empresaria a nivel nacional y alterar el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva.
Convenios de empresa y diferencias salariales
Las críticas también alcanzan a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad.
Impacto en la igualdad salarial
Desde la entidad advirtieron que esta modificación fragmentaría el marco normativo y habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar, afectando el principio de igual remuneración por igual tarea, uno de los pilares del derecho laboral argentino.
La discrecionalidad del Estado como último foco de conflicto
El artículo 132 es otro de los puntos señalados como problemáticos, ya que faculta al Estado a suspender convenios colectivos invocando razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”.
Inestabilidad y menor previsibilidad
Para la CAME, se trata de una discrecionalidad excesiva que suma incertidumbre y debilita la previsibilidad que necesitan empresas y trabajadores para planificar su actividad.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, remarca que las observaciones apuntan a construir una norma que garantice “estabilidad, certezas, previsibilidad y equidad”.
Según la CAME, esas condiciones son claves para reducir la litigiosidad y ordenar la relación laboral sin erosionar el sistema de negociación colectiva.
Presiones cruzadas antes del debate en el Senado
Las objeciones del sector pyme se suman a otras tensiones que rodean al proyecto de Modernización Laboral.
Sindicatos, gobernadores y el calendario legislativo
Mientras la CGT busca introducir cambios a través de legisladores del centro político, los gobernadores expresan preocupación por el impacto fiscal de los ajustes impositivos en un contexto de caída de la recaudación provincial.
El Gobierno, en tanto, prevé llevar el proyecto al recinto del Senado el 11 de febrero, en una sesión que se anticipa como uno de los debates más sensibles del período de extraordinarias.
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