Un inversor pidió la intervención del Concejo Deliberante tras denunciar que el Ejecutivo actuó por fuera del marco legal, adjudicando el inmueble sin respetar la ordenanza vigente.
09 de Abril de 2025
CHASCOMÚS – La reciente adjudicación del histórico Edificio del Turista en Chascomús provocó la reacción de un empresario que intentó participar de la compulsa. La controversia estalló luego de que el empresario en cuestión, presentara una fuerte denuncia ante el Honorable Concejo Deliberante, acusando al Ejecutivo de haber dictado un decreto “nulo de nulidad absoluta”.
Durante el programa radial Ataque de Radio (FM 102.7), conducido por Alejandro “El Tano” Sosa, se dio lectura al documento que el inversor hizo llegar al cuerpo legislativo, en el cual asegura que se vulneraron de manera grave las disposiciones de la Ordenanza 5867/2024. Según esa normativa, es facultad indelegable del Concejo convalidar o rechazar las propuestas presentadas para la concesión del edificio, tras la evaluación técnica del Departamento Ejecutivo.
Sin embargo, según denuncia el empresario, el Ejecutivo municipal no solo omitió elevar su propuesta al cuerpo deliberativo, sino que además la impugnó de manera unilateral, adjudicando directamente la unidad a las empresas GyC Construcciones y La Continuidad SA, sin permitirle defensa ni réplica.
“Se ha cometido un acto arbitrario, fuera del marco legal y violatorio de principios básicos del derecho administrativo”, señala el escrito, que califica al decreto 216/2025 como un acto administrativo inválido, que carece de los elementos esenciales de legalidad, competencia y procedimiento.
En su presentación, el denunciante expone que su propuesta fue realizada en tiempo y forma, que su empresa cuenta con solvencia técnica y legal, y que en reiteradas ocasiones recibió respuestas que lo hacían confiar en que el proceso continuaría con la intervención del Concejo. Sin embargo, asegura que fue apartado del mismo sin explicaciones, lo que lo llevó a plantear la posibilidad de que se haya tratado de una “adjudicación previamente acordada”.
Además, advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales, tanto por la nulidad del acto como por los daños patrimoniales y morales ocasionados. “Sería muy triste confirmar que mi voluntad de inversión fue burlada y que me usaron para legitimar una adjudicación ya decidida de antemano”, expresó.