Un recorte que desmantela la recaudación fiscal
08 de Marzo de 2025
El gobierno de Javier Milei avanza con una reestructuración en la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, que significará el despido de al menos 695 trabajadores y el cierre de oficinas clave en la provincia de Buenos Aires. Amparado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Nº 27.742), el recorte ya despertó protestas gremiales y el rechazo de múltiples municipios afectados.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la intención de reducir en un 27% la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI), pero sin precisar el impacto real. Ahora, la realidad golpea a los trabajadores: el ajuste cerrará oficinas en localidades como Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, dejando a miles de contribuyentes sin acceso directo a la atención fiscal. En el interior bonaerense, ciudades como Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy verán desaparecer sus delegaciones, forzando a los ciudadanos a viajar a otros distritos para cumplir con sus obligaciones tributarias.
La excusa de la eficiencia y el atropello sobre los trabajadores
Desde el oficialismo se justifica la medida bajo el argumento de mejorar la «eficiencia organizacional» y reducir costos en un Estado que, según la administración libertaria, está «sobredimensionado». Sin embargo, en los distritos afectados la respuesta es de total rechazo. Trabajadores y gremios denuncian que el recorte es arbitrario y deja a municipios sin herramientas para garantizar una recaudación eficiente.
En Chivilcoy, 30 empleados de ARCA serán derivados a oficinas de Mercedes o Junín. En Bolívar, la delegación local pasará a depender de Pehuajó, que a su vez tendrá que absorber la atención de localidades como Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Trenque Lauquen y Daireaux. Los empleados de Chascomús, serían derivados a las oficinas de La Plata. Esta reestructuración no solo precariza el empleo, sino que complica la accesibilidad de miles de ciudadanos que ahora deberán recorrer largas distancias para realizar trámites impositivos.
El sindicato AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) calificó la medida como un «ataque deliberado contra el sistema de recaudación fiscal». Su secretario general, Juan Martín Andrés, denunció que «se viene destruyendo el organismo de a poco» y advirtió que los trabajadores están en estado de asamblea permanente. «Nos quieren desmantelar, están jugando con nuestras vidas», declaró.
Ajuste: municipios y contribuyentes perjudicados
Los intendentes de varias localidades también expresaron su preocupación. En Navarro, por ejemplo, el cierre de la receptoría de ARCA deja sin un servicio esencial a una comunidad que ahora deberá trasladarse a distritos vecinos. En San Pedro, la situación es aún más grave: más de 60 mil contribuyentes deberán viajar hasta Zárate para cumplir con sus obligaciones fiscales, aumentando costos y tiempos de gestión.
Los reclamos municipales no se limitan a la pérdida de empleos. También apuntan a la improvisación del gobierno nacional, que ejecuta recortes sin evaluar las consecuencias sociales y económicas. «No se trata solo de despidos, están desmontando la estructura estatal sin planificación», sostienen desde los gremios afectados.
Un conflicto que promete escalar
Los trabajadores de ARCA preparan medidas de fuerza y acciones legales para frenar los cierres. El sindicato AEFIP ya ha presentado recursos judiciales y denunció presiones del gobierno para que se levanten las cautelares que impiden despidos masivos.
El próximo 11 de marzo se llevará a cabo una reunión clave entre AEFIP, SUPARA (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina) y las autoridades del organismo. Los gremios buscan evitar que el recorte avance y exigirán una recomposición salarial, ante lo que califican como «un brutal ataque contra los trabajadores y el acceso a los servicios públicos».
«Milei sigue apostando por una política de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables y desmantela la estructura estatal bajo la excusa de la eficiencia. Sin embargo, el conflicto en ARCA demuestra que la resistencia está en marcha y que los trabajadores no están dispuestos a aceptar la precarización sin dar pelea», manifestó Héctor, trabajador del sector.