La Justicia Federal llamó a declarar a exmilitares y a un civil en el marco de la causa que investiga la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida en 1977. El expediente, reabierto bajo la figura de crimen de lesa humanidad, sostiene que se trató de un atentado planificado y no de un accidente vial.
19 de Septiembre de 2025
SAN NICOLÁS – El juez federal Carlos Vera Barros fijó para el próximo martes 23 de septiembre las indagatorias de Omar Andrada, Carlos Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez, en la investigación por el fallecimiento del prelado durante la última dictadura militar, reporta el medio local, Cosa Cierta.
La causa fue reabierta en febrero de 2023, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar al planteo de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, y ordenó que el hecho sea investigado como crimen de lesa humanidad, revocando así un fallo previo del Juzgado Federal N.° 2 de San Nicolás.
El 11 de julio de 1977, mientras se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires, el obispo viajaba con documentación vinculada a desaparecidos de su diócesis que pensaba entregar a la Conferencia Episcopal y a la Nunciatura Apostólica. A la altura de Ramallo, el vehículo en el que iba colisionó con una camioneta Ford F-100.
De acuerdo con las pericias, el siniestro no fue fortuito: el ingeniero Jorge Geretto determinó que se trató de un hecho deliberado. En la misma línea, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense afirmó que ya está probado que Ponce de León era objeto de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de las fuerzas represivas de la dictadura. Además, indicó que existen pruebas suficientes para considerar que el episodio encubrió un asesinato presentado como accidente automovilístico, organizado desde el Área Militar 132.
Ampliar las citaciones
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también solicitó ampliar las citaciones a otros exmilitares: Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa, pertenecientes al Área Militar 132 y al Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. La imputación ubica a Bottini como autor material, mientras que a Bossié, Landa y Andrada se los señala como responsables mediatos.
El expediente precisa que Omar Andrada estuvo al frente de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 entre 1975 y 1977, en coordinación con mandos militares y la Policía Bonaerense. Ya había recibido condena a prisión perpetua en otros juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestros, tormentos y homicidios contra unos 50 militantes políticos en centros clandestinos.
Acusado nuevamente indagado
En cuanto a Luis Antonio Martínez, conductor de la camioneta involucrada, había sido condenado en 1977 por homicidio culposo, pero la Cámara de Rosario anuló esa sentencia, por lo que deberá presentarse a declarar nuevamente.
De esta forma, la Justicia avanza en una causa que, tras más de cuatro décadas de reclamos, busca esclarecer el rol de las estructuras militares y de inteligencia en la muerte del obispo Ponce de León, símbolo de la persecución ilegal durante el terrorismo de Estado. (InfoGEI)Jd
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