Cuatro exjefes de la Armada Argentina son juzgados en Río Gallegos por presuntas responsabilidades en la tragedia ocurrida en 2017, en la que murieron 44 tripulantes.
03 de marzo de 2026
Este martes se inició en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y tiene como imputados a cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina.
El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. La primera audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía, que busca determinar las eventuales responsabilidades penales de la cadena de mando naval en la pérdida de la nave.
Los acusados son Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, exjefe del Departamento de Operaciones. A todos se les imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Las audiencias se realizarán de lunes a jueves, semana por medio, y el cronograma judicial prevé que el veredicto sea dictado en julio de este año.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017. Tras una extensa búsqueda internacional, el submarino fue localizado un año después, en noviembre de 2018, a casi mil metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. No hubo sobrevivientes entre los 44 tripulantes.
Durante el debate se incorporarán pruebas técnicas, entre ellas el material fílmico del hallazgo registrado por el buque de exploración Ocean Infinity, además de documentación clasificada aportada por la Armada bajo secreto militar.
El expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad, mencionados durante la etapa de instrucción, no fueron convocados a declarar como testigos. En octubre de 2025, la Corte Suprema también dispuso el cierre de la causa paralela por presunto espionaje a familiares de las víctimas.
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