La oposición impulsa pedidos de informes, audiencias y citaciones a funcionarios por el manejo de recursos destinados a las rutas nacionales. Las denuncias apuntan a la subejecución del SisVial, inversiones financieras y presuntos giros a provincias en momentos de votaciones clave.
14 de agosto de 2026
El manejo de los fondos destinados a las rutas nacionales escaló al Congreso, donde distintos bloques opositores presentaron pedidos de informes, convocaron a una reunión informativa y reclamaron la presencia de funcionarios del Gobierno para explicar qué ocurrió con los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial).
La discusión se produce en medio de denuncias por la baja ejecución de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles y por su utilización en instrumentos financieros, mientras se multiplican los reclamos por el deterioro de las rutas nacionales.
Según la información presentada en el Congreso, el Gobierno habría retenido cerca de $1,5 billones correspondientes al fondo vial, aunque las cifras y el alcance de las acusaciones forman parte de presentaciones políticas y judiciales que deberán ser esclarecidas por los organismos competentes.
Una de las estimaciones difundidas indica que solo se habría ejecutado alrededor del 26% de los recursos presupuestados para las rutas, mientras parte del dinero permaneció colocado en bonos, títulos y plazos fijos.
El Congreso abre la discusión por los fondos viales
La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado de Unión por la Patria Martín Aveiro, convocó a una reunión informativa para abordar la situación de las rutas y las denuncias sobre el manejo de los recursos.
El encuentro prevé la participación de representantes de distintos puntos del país para describir el impacto territorial del deterioro de la infraestructura vial.
Aveiro puso como ejemplo la situación de Mendoza, donde señaló que existen obras paralizadas y rutas nacionales financiadas por la propia provincia. También vinculó la reducción de recursos con las dificultades operativas registradas en el Paso Internacional Cristo Redentor.
En paralelo, un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre la administración de los fondos.
Denuncias por la utilización del SisVial
La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación por el presunto desvío de recursos que debían destinarse a infraestructura vial.
Entre los casos señalados aparecen las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires. Los proyectos contaban con financiamiento internacional y una contraparte nacional, pero los informes de auditoría correspondientes a 2024 registraron una ejecución nula de los aportes locales previstos.
La diputada sostuvo que mientras existían recursos disponibles dentro del SisVial, las obras permanecieron paralizadas o con niveles mínimos de avance.
El planteo apunta a una contradicción entre la disponibilidad de fondos con destino específico y su colocación en instrumentos financieros mientras los proyectos viales permanecían demorados.
Pagano denunció presuntos giros vinculados a votaciones
Otra de las presentaciones fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, quien denunció un presunto direccionamiento de fondos hacia provincias cuyos gobernadores acompañaron iniciativas legislativas impulsadas por la Casa Rosada.
Pagano afirmó que los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a administraciones provinciales cuyos legisladores respaldaron proyectos del Gobierno en el Congreso. La legisladora vinculó esos movimientos con votaciones sobre distintas leyes tratadas durante 2025 y 2026.
La acusación fue ampliada posteriormente por la diputada y deberá determinarse en sede judicial si existió una relación entre los desembolsos y los votos parlamentarios.
Los datos difundidos en torno al caso indican que más de $33.000 millones del fondo destinado a infraestructura vial habrían sido transferidos a provincias en períodos coincidentes con votaciones relevantes para el oficialismo. Esa correlación forma parte de las denuncias y no implica por sí misma que exista una contraprestación comprobada.
Más pedidos de informes y cuestionamientos
La diputada Blanca Osuna también reclamó explicaciones por el destino de los fondos y cuestionó el nivel de ejecución de los recursos destinados a infraestructura vial.
A los planteos se sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien cuestionó la utilización del dinero para adquirir Letras del Tesoro y reclamó precisiones sobre su administración.
Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia presentó además un proyecto para solicitar información sobre los recursos destinados por ley a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales.
El debate parlamentario ocurre mientras distintas resoluciones judiciales vienen obligando al Estado nacional a intervenir en corredores deteriorados. Entre ellas se encuentran decisiones vinculadas con las rutas nacionales 3, 7, 8 y 33 en Buenos Aires y Santa Fe.
La combinación de rutas deterioradas, obras paralizadas y fondos que permanecieron sin ejecutarse para su finalidad original abrió así un nuevo frente para el Gobierno en el Congreso y en la Justicia. Las próximas audiencias, pedidos de informes y citaciones buscarán precisar cuánto dinero fue recaudado, qué porcentaje se destinó efectivamente a infraestructura y bajo qué criterios se realizaron las transferencias cuestionadas.
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