El Ministro de Trabajo ordenó acelerar auditorías en los gremios. Apuntan a encontrar irregularidades en los procesos eleccionarios e incumplimientos de cupos femeninos. Así se estarían sumando a los casos del SOMU y UPSRA
Se viene el primer paro general que deberá afrontar el gobierno de Mauricio Macri, pero la relación cada vez parece tensarse más.
Si desde el oficialismo no había intenciones de ceder frente a los reclamos y presiones sindicales, parece que luego de la marcha del #1A en donde una multitud se volcó a las calles, quienes administran el país se sienten más fuertes que nunca.
Esta situación puede ser desmentida o discutida, pero la realidad es que el Ministro de Trabajo Jorge Triaca ordenó a su gente el acelerar las auditorias que se realizan en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 por ciento del cupo femenino.
Esto, sumado a otros factores, sumaría fundamentos para renovar las conducciones en algunos sindicatos, sobre todo en los que quienes se encuentran al frente han permanecido en ese lugar por décadas.
Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformación del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno. De avanzar este expediente, algo que es poco probable, el Ministerio de Trabajo hasta podría invalidar a la cúpula de la central obrera y exigir su regularización.
Esto, había comenzado con una modificación en el reparto de los fondos de las obras sociales. Ahora Triaca comenzó a tener injerencia en el reparto de esos fondos.
Hay algunos casos en los que el gobierno puede valerse como “ejemplos” de estas situaciones irregulares:
El más notorio, es el caso del el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que está intervenido por orden judicial desde el 18 de febrero de 2016, y que costó la libertad de su ex secretario general Omar “el caballo” Suarez.
Alfredo Bertonasco, el interventor, piensa normalizar en el mediano plazo el gremio con la convocatoria a elecciones.
La intervención del SOMU fue ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a la cúpula del gremio, sobre todo a Suárez, por bloquear puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícitas.
Lo llamativo es que la intervención nunca tuvo injerencia en la obra social, una de las cajas más jugosas del gremio. Canicoba Corral ubicó allí a tropa propia: Pablo Garrido y Sergio Ramiro Tejada, su cuñado.
Otro caso posterior, que se encuentra en pleno desarrollo en la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (U.P.S.R.A.) (gremio de los Vigiladores privados) el que estaba conducido desde hace más de treinta años por Ángel Alberto García, el que habría incurrido en varias infracciones y maniobras ilegales.
García, cuenta en su haber con gran cantidad de denuncias, inclusive con una frustrada gestión en el club Berazategui, donde recibió una montaña de denuncias de distinta índole, e inclusive durante su polémica y complicada gestión se produjo el asesinato de un barra.
Pero volviendo al ámbito gremial, las irregularidades que ha cometido García en U.P.S.R.A. son innumerables.
Se lo ha acusado a lo largo de los años de “manejo fraudulento”, violación de derechos laborales e inclusive “abandono de persona” en razón del vaciamiento de la Obra Social, que está cortada en gran cantidad de puntos del país y deja sin servicio a sus beneficiarios, los que siguen a la fecha realizando denuncias.
Los últimos movimientos denunciados por fraudulentos realizados por García, antes de la culminación de su mandato en el gremio (26-11-2016) fueron al menos tres Asambleas ficticias realizadas entre gallos y medianoche en distintos lugares, sin la participación de afiliados, a punto tal que en una de las ocasiones más de un millar de los mismos reclamaban ingresar con su carnet en la mano mientras García desde dentro del predio que el gremio posee en Moreno, mantenía las puertas cerradas, pretendiendo hacer una Asamblea trucha en el interior de esa propiedad, para aprobar la “memoria y balance”, además de auto decretar una extensión de su propio mandato.
Luego, hizo una elección totalmente viciada de nulidad, colocando algunas urnas en distintos lugares, solo por minutos, luego retirándolas y sin participación de nadie, auto-proclamándose ganador del falaz comicio. Todo esto, aunque el mismo Ministerio de Trabajo lo había prohibido expresamente por las denuncias de la Agrupación Sindical Juan Manuel de Rosas que previeron la situación.
Quien lidera la agrupación rosista, y se perfila como el próximo secretario general del gremio ante una próxima elección, Leonidas Requelme, fue quien realizó las denuncias correspondientes que terminaron con más de treinta años de reinado de García (algo que aún algunos no pueden creer).
Esto, más la intención del Ministro de no tolerar más estas acciones que derivan en la perpetuidad de algunos en los sindicatos, derivaron en la intervención de U.P.S.R.A. nominando en ese cargo a Emilio Alonso, a efectos de normalizar la institución y llamar a elecciones.
OTROS GREMIOS EN LA MIRA:
En el Ministerio de Trabajo siguen de cerca a diferentes seccionales de la Uocra en las que se habrían detectado irregularidades vinculadas a la cantidad de afiliados y al presunto desvío de fondos.
También están bajo la lupa el Sindicato del Seguro y el de Empleados de Comercio, cuyas dos últimas elecciones estuvieron teñidas por denuncias de padrones adulterados e incumplimiento en los cupos.
La sucesión de Armando Cavalieri, que será en 2018, recién comienza: pulsean Carlos Pérez, director de la obra social y administrador de Parque Norte, y Ramón Muerza, delegado de los supermercados Coto y quien acercó al Gobierno sus inquietudes sobre la democracia interna en el gremio.