También, le solicitó al Tribunal de Cuentas, que estudie si los Concejales se excedieron en sus atribuciones y si pueden ser sancionados.
19 de junio de 2023
El pasado 5 de junio, el Intendente Javier Gastón emitió un veto total sobre la ordenanza 5722, la cual fue aprobada el 24 de mayo de este año por mayoría opositora en el Concejo Deliberante. Dicha ordenanza buscaba suspender el cobro de la tasa por uso del espacio público hasta el 30 de diciembre de 2023, en respuesta a una solicitud de los comerciantes locales debido a la delicada situación que atraviesa el sector.
Además, el Ejecutivo Municipal elevará la ordenanza al Tribunal de Cuentas para que analice si los concejales de Cambiemos Chascomús y la UCR, que votaron a favor de la misma, han excedido sus atribuciones y pueden ser sujetos a sanciones. Lo hará bajo el argumento que la doctrina del Tribunal de Cuentas establece que, de acuerdo a los artículos 192° y 193° de la Constitución de la Provincia, no es una facultad del Concejo Deliberante tener iniciativas de este tipo.
El Diario «El Fuerte», opinó que resulta llamativo que un gobierno local que ha firmado convenios sujetos a referéndum del Concejo Deliberante y ha destinado fondos a obras cuya autorización por ordenanza ha vencido, ahora acuda al Tribunal de Cuentas para resolver una cuestión que, en teoría, debería haber sido abordada por el propio Cuerpo Deliberativo desde hace años.
Esta situación plantea interrogantes sobre la coherencia y la consistencia en la toma de decisiones del gobierno local. Si bien es válido que se revisen y se respeten las atribuciones establecidas, resulta crucial considerar también las demandas y necesidades de los sectores afectados, como en este caso los comerciantes locales. La suspensión del cobro de la tasa por uso del espacio público representa un alivio importante para ellos en un contexto económico adverso.
En definitiva, el veto del Intendente Javier Gastón a la ordenanza 5722, sumado a la posterior presentación ante el Tribunal de Cuentas, evidencia una falta de consenso y una aparente falta de empatía hacia los comerciantes y sus necesidades en un momento crucial para el sector. También lo es para los vecinos que se movilizan utilizando las bicicletas como medio de transporte.
«Bicisenda si, bicicleteros no…»
Paradójicamente las autoridades que llenaron la ciudad de «bicisendas», como se hizo en muchos municipios gobernados por el FPV, (algo que para la mayoría de la gente resultó positivo), por otro lado plantean el cobro del uso de los bicicleteros en los comercios, provocando que los mismos opten por retirarlos, perjudicando de esta manera al vecino.
La comunidad espera que las autoridades locales encuentren una solución que equilibre tanto las disposiciones legales como las demandas legítimas de los sectores afectados, promoviendo así un desarrollo económico y social sostenible en beneficio de toda la ciudad.