El préstamo, otorgado en octubre de 2025 por el Banco Nación, quedó en el centro de las críticas por el volumen del financiamiento y los vínculos que rodean a la titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del organismo, Carolina Olivera. La revelación reaviva cuestionamientos sobre el acceso de altos cargos a líneas hipotecarias dentro del Estado y suma un nuevo frente de tensión para la administración libertaria.
08 de mayo de 2026
El escándalo por los créditos hipotecarios sumó un nuevo capítulo con la aparición de Carolina Olivera, titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI. Según informó el periodista Beto Valdez, la funcionaria accedió en octubre de 2025 a un préstamo superior a los 500 millones de pesos y hoy mantiene una deuda que supera los 565 millones con el Banco Nación.
El caso no solo reavivó las críticas sobre el acceso de funcionarios a líneas de crédito privilegiadas, sino que también puso el foco en los vínculos personales dentro del ecosistema estatal.
Olivera está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, una empresa proveedora del PAMI en tecnología médica, especialmente implantes cocleares. Ese dato, en medio del escándalo, encendió alertas sobre posibles conflictos de interés.
El contexto en el que surge esta información es clave. A comienzos de abril se conoció que un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que llegaron hasta los 350 mil dólares. Desde la entidad aseguraron que todas las operaciones se realizaron bajo condiciones habituales, sin excepciones.
Sin embargo, la acumulación de casos comenzó a generar ruido político. Entre los beneficiarios aparecen Juan Pedro Inchauspe, del directorio del Banco Central; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía; y Federico Furiase, actual secretario de Finanzas. También figuran Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, y Juan Pablo Carreira, vinculado a la comunicación oficial.
La presión política y el reclamo de explicaciones
Desde la oposición, el tema escaló rápidamente. El diputado socialista Esteban Paulón exigió que el Banco Nación informe si existieron condiciones preferenciales para funcionarios del oficialismo. La sospecha gira en torno a posibles ventajas en tasas, requisitos o tiempos de aprobación.
El reclamo no quedó solo en declaraciones. Denuncias judiciales impulsadas por Paulón junto a la diputada Mónica Frade activaron una investigación que ahora se tramita en la Justicia federal.
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