El titular y principal accionista de la feria Punta Mogotes, de La Salada, Jorge Castillo, fue detenido en la mañana de hoy en el marco de una acusación por asociación ilícita.
Castillo fue detenido junto a otras 30 personas durante un operativo realizado por la Gendarmería y la Policía Bonaerense que implicó la realización de un total de 57 allanamientos. Entre los apresados, también se encontraron uno de sus hermanos, un primo segundo y los hijos de éste.
También fueron detenidos dos efectivos de la Policía bonaerense y uno de la Policía Federal y se secuestró una gran cantidad de armas de fuego sin estar registradas de manera oficial.
En los 57 operativos se secuestraron unas 20 armas, entre las que había una picana eléctrica, 20 computadores, sistemas de monitoreo, documentación y plata. En el allanamiento que terminó con la detención de Castillo, en una casa de Luján, hubo una agente del grupo GAD terminó herido por una esquirla de un escopetazo.
La investigación, según trascendió, apunta a tres bandas que operaban en la zona. La disputa por el manejo de esos puestos callejeros, por los que se llegaba a cobrar hasta 800 pesos por día, desató una violenta guerra que terminó con al menos cinco muertos en un año y medio. El botín es muy grande: a la recaudación por los alquileres de los pequeños stands, se le suma extras por «seguridad» y por «limpieza», y el control de los «trapitos».
En los últimos dos años, en los alrededores de las ferias legales de La Salada, habían comenzado a instalarse nuevamente los puestos ilegales. Esa situación se dio tras un megaoperativo que se realizó el 8 de abril de 2015, cuando fueron desalojados más de 7.000 de los vendedores ilegales, tras una orden judicial.
En ese momento, según explicó a TN el fiscal de la causa, Sebastián Scalera, varias personas «quisieron recuperar la zona y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos». Estos grupos, confirmó el fiscal, «tenían el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados».
Ya en ese momento, ese duro golpe a la venta ilegal, escondía detrás de una historia de barrabravas, aprietes, amenazas, policías involucrados en coimas y crímenes. Vecinos y puesteros de la zona contaron que facciones de las barras de Boca y River que manejaban los puestos ilegales montados sobre el Camino de la Ribera los apretaban. La denuncia era por lesiones, amenazas y uso de armas de guerra. Tras aquella denuncia inicial, la fiscalía a cargo de la investigación sumó más testimonios de vecinos que confirmaron las amenazas y contaron que los barras les cobraban por el alquiler de los puestos, por la limpieza y por la seguridad.
Ahora, con el nuevo operativo, todos esos puestos volvieron a ser desmantelados y esta mañana sólo se veían allí los restos de las estructuras.
Hasta 2015, además de las tres grandes ferias legales, la zona era el paraíso de la venta ilegal, con miles de puestos de 60 centímetros apiñados uno contra otro en unas 20 cuadras del Camino de la Ribera, con el Riachuelo de un lado y las ferias que componene La Salada del otro. Durante aquel megaoperativo, la Policía llegó con 600 efectivos de infantería, topadoras y grúas.
Las tres ferias legales más grandes de La Salada son Punta Mogotes -a cargo de Castillo-, Urkupiña y Ocean, donde el 50% de la ropa que se vende es de marcas truchas. Esas prendas son producidas en muchos de los 30 mil talleres clandestinos que abastecen a los puestos.
Jorge Castillo es la cara visible de Punta Mogote, la feria más importante de La Salada, que factura más de $ 300 millones por día, tiene sucursales en la Ciudad y otras provincias.