El proyecto, denominado “Ley Rodrigo”, busca eliminar el uso libre de teléfonos en las prisiones de la provincia y limitar las comunicaciones de los internos a dispositivos controlados por el Servicio Penitenciario.
10 de marzo de 2026
Un proyecto de ley presentado en la Provincia de Buenos Aires propone prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses y establecer un sistema de comunicaciones controladas para los internos.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Oscar Liberman, con el acompañamiento de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
El proyecto fue bautizado “Ley Rodrigo”, en memoria del soldado Rodrigo Gómez, quien prestaba servicio en la Quinta Residencial de Olivos y se quitó la vida luego de ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel, con apoyo de familiares de los detenidos en el exterior del penal de Magdalena.
Qué propone la iniciativa
La propuesta busca dejar sin efecto el protocolo que permitió el uso de celulares en cárceles durante la pandemia y modificar la Ley 12.256.
Según el proyecto, las comunicaciones de los internos solo podrán realizarse a través de teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Además, establece que:
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Cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas por día.
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Los teléfonos no podrán quedar a disposición libre de los detenidos.
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Las unidades penitenciarias deberán instalar inhibidores de señal para bloquear telefonía móvil y transmisión de datos.
El objetivo es evitar que desde las cárceles se continúe cometiendo delitos como extorsiones, estafas o amenazas.
“Las cárceles parecen un call center del delito”
En declaraciones al programa Tiempo de Policiales, Liberman sostuvo que el uso de celulares en las prisiones genera un sistema organizado de delitos.
“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto viene desde la pandemia y sigue vigente. La idea es prohibir los celulares y reforzar controles con inhibidores de señal y requisas diarias”, afirmó.
Cómo sería la aplicación
El proyecto establece que, una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los internos en un plazo de 10 días hábiles.
Luego, los detenidos tendrán 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos celulares, incluso aquellos no declarados, para realizar un inventario.
Finalizado ese plazo, se realizarán requisas en todas las celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos que permanezcan en poder de los internos y aplicar sanciones correspondientes.
La iniciativa ahora deberá seguir su tratamiento legislativo en la Legislatura bonaerense, donde se evaluará el nivel de respaldo político para su eventual aprobación.
fuente e imagen:diario La Capital
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