El segundo debate oral que este jueves se iba a realizar por el asesinato de Ricardo «Riqui» Rodríguez, ordenado por la Cámara de Casación tras un primer juicio realizado en 2020, se suspendió debido a que la Justicia Federal rechazó la salida transitoria del letrado Gonzalo La Menza, defensor del imputado, en otra causa por la que él mismo está procesado y detenido en su casa.
El segundo juicio oral por el crimen de Ricardo “Riqui” Rodríguez que se iba a realizar este jueves en la sala del Tribunal Oral Nº 1 debió suspenderse por una inédita razón: Gonzalo La Menza, el abogado del único imputado, se encuentra detenido bajo arresto domiciliario por una causa de explotación laboral que investiga la Justicia Federal, y en el marco de la cual se le negó la salida transitoria para asistir al debate.
Como había adelantado el portal LA CAPITAL, el nuevo juicio por el crimen de Rodríguez contra Juan Carlos Páez (22) se iniciaría este jueves. El mismo Páez había sido condenado a 10 años y 8 meses de prisión en 2020, pero ese proceso fue anulado por la Cámara de Casación, que ordenó este segundo debate.
Cuando los jueces Néstor Conti, Jorge Rodriguez y Ana Fernández, además de la fiscal Andrea Gómez, se aprestaban a iniciar la audiencia, todo debió cancelarse, ya que la Justicia Federal no le otorgó al abogado La Menza, defensor de Páez, la autorización para concurrir a Tribunales y participar del proceso. Es que, como se dijo antes, el letrado se encuentra detenido bajo arresto domiciliario por una causa de explotación laboral en un campo de las afueras de Mar del Plata.
El 2 de octubre de 2018 Ricardo “Riqui” Rodríguez (26), un mal conceptuado individuo de la zona de Parque Hermoso, fue solicitado por un hombre al que le habían robado la moto. Su conocimiento del mundo del hampa y sus métodos violentos lo convertían en la persona adecuada para descubrir quién podía estar detrás del robo de esa motocicleta.
Vale decir que el rodado había sido sustraído cuando su dueño se dirigía a comprar drogas. En esas circunstancias lo despojaron de la moto de mediana cilindrada. Ante esta situación fue que el hombre se dirigió a lo de Rodríguez a pedir “ayudar”
Tal lo que se pudo reconstruir en el juicio (los jueces fueron Mariana Irianni, Juan Manuel Sueyro y Fabián Riquert) Rodríguez primero fue a un domicilio y, frustrado porque no era allí que estaba el autor del hecho, fue hasta lo de Juan “Pepo” Páez a increparlo. Allí, tras una discusión en la que Rodríguez amenazó con un arma a Páez, este le efectuó un disparo. La muerte de Rodríguez se produjo de camino al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
En primera instancia, el Tribunal entendió que Páez había sido el autor del disparo y que no había una situación de legítima defensa. Y por eso lo condenó. Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, consideró que en el juicio “se omitió considerar prueba válida y conducente para la adecuada solución de la causa”, tras dejar entrever que con ese análisis podría haberse contemplado la posibilidad de que sí se haya tratado de un caso de legítima defensa.
En esa línea, ordenó la realización de un nuevo debate oral, que iba a comenzar este jueves y cuyo fallo se conocería la semana siguiente. Pero, producto de la situación de La Menza, y como el imputado tiene el derecho a escoger a su defensor, la audiencia iniciar quedó suspendida.
Gonzalo La Menza.
Gonzalo La Menza, ex funcionario del PAMI durante la gestión de Sebastián D’andrea, fue aprehendido en noviembre del año pasado mientras caminaba por el centro de la ciudad, por orden de la Justicia Federal. La causa en la que está imputado se inició a raíz de una pesquisa preliminar que tramitó en el fuero provincial, a raíz de un episodio de amenazas.
Al detectarse una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral, se dio aviso a la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, que pidió la medida inhibitoria y llevó adelante la nueva investigación. En una primera instancia, había sido imputado -y luego procesado- un hombre que estaba a cargo de un campo en la localidad de Balcarce. Al momento de la indagatoria, nombró a su entonces abogado defensor, Gonzalo Lamenza, como la persona que manejaba el predio rural.
Por otro lado, y como resultado de los allanamientos solicitados por la fiscalía, se encontró documentación de relevancia para la causa, como un contrato de aparcería, en el que estaban involucrados el letrado y la pareja del primer imputado, quien fue procesada por cuatro casos.
En el predio fueron halladas cinco víctimas, entre ellas un bebé. Los trabajadores vivían en el mismo predio, arriba de un colectivo abandonado que no contaba siquiera con un baño.