La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato movilizó este martes al Congreso Nacional para repudiar el traspaso de un sector de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un paro de 36 horas.
Para Piumato, el traspaso de la Justicia «significa impunidad para los funcionarios del actual gobierno y, además, flexibilización laboral para todos los trabajadores del país». Continuó diciendo que la medida «esconde impunidad y flexibilización, jamás un mejoramiento de la justicia».
«Hoy, el Gobierno no está en condiciones de flexibilizar por medio de una norma, la ley de Contrato de Trabajo, pero sí está en condiciones de hacerlo con el traspaso de la justicia laboral a los tribunales porteños», aseguró en un reportaje brindado a Cadena 3.
«porque son conscientes que esto esconde más allá que un perjuicio a los judiciales». «Esconde un perjuicio a todos los trabajadores argentinos y a todos los ciudadanos de la ciudad, porque los deja en la impunidad frente a la corrupción», añadió.
Remarcó, en ese sentido, el «fracaso de todas las políticas que benefician a los menos y perjudican a los más», ya que hacen «una Argentina cada vez más desigual y cada día mayores sectores que pasan bajo la línea de pobreza». «El gobierno no ve esta realidad, la niega. Está como viviendo en una probeta. Se lo dijo Mirtha Legrand el sábado a la noche con total claridad al presidente de la nación después de que dijera que los jubilados ganan 50 por ciento más de lo que ganan en realidad».
Y agregó: «Ojalá que a partir de esto el Presidente haga una conferencia de prensa y anuncie que los jubilados como mínimo van a ganar nueve mil pesos».
También se expresó la secretaria de prensa Laura Iparraguirre, que dijo que la huelga de 36 horas comenzará a las 10 del martes próximo para denunciar “el espurio y no casual intento del gobierno de traspasar la justicia ordinaria nacional al ámbito porteño”. “El traspaso de juzgados sin magistrados, quienes atienden sobre todo delitos contra la administración pública, garantiza al gobierno designaciones afines a su ideología, como lo realiza en la Capital Federal, dependientes del poder de turno”.