Su nombre es Leandro Bazán. Tiene 27 años de edad, y en los últimos meses se hizo tristemente célebre. A bordo de su moto Yamaha azul sin patente protagonizó en septiembre pasado un circuito demencial que consistió en el arrebato de nueve celulares a nueve víctimas distintas en nueve barrios porteños: de Recoleta a Caballito, de Flores a San Cristóbal, de Parque Chacabuco a Agronomía y así durante casi tres horas hasta que chocó en Villa Urquiza y fue capturado por la Policía.
Aquella no fue la primera experiencia en robos múltiples de teléfonos. El 13 de abril de 2018, cerca de las 22, le arrancó uno de estos aparatos a su dueño y a los pocos minutos lo intentó en Núñez con el iPhone de otra persona, pero falló porque la víctima se le colgó de la moto y lo tiró al suelo. Cuando Bazán fue atrapado en septiembre, la Justicia ya trabajaba en un expediente con estos dos hechos del otoño anterior.
Por eso el «motochorro» recobró su protagonismo este jueves, cuando se conoció el fallo de la Justicia por aquellos dos episodios consecutivos de Palermo y Núñez.
Bazán fue condenado a tres años de prisión pero en suspenso e inhabilitado por dos años a conducir cualquier tipo de vehículo motorizado. La decisión fue tomada por el juez Domingo Luis Altieri, titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de Capital Federal, y fue igual a los tres años pedidos por el fiscal Moroni.
En caso de haber sido condenado a por lo menos tres años y un día, Bazán tendría que haber cumplido con la prisión de manera efectiva. Sin embargo, esto nunca fue posible debido a que el fiscal pidió tres años y el juez nunca puede solicitar más de lo sugerido.
De cualquier modo, el juez definió una serie de reglas de conducta que el delincuente deberá cumplir de manera obligatoria para no terminar tras las rejas durante los tres años de pena: fijar residencia (Bazán es de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, pero tenía un domicilio en el barrio porteño de Palermo) y someterse a la evaluación periódica de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Además, durante ese tiempo, el ladrón tendrá que hacer tareas comunitarias en alguna sede del organismo oficial de la Iglesia católica, Cáritas Argentina.
La libertad de Bazán, quien no registra empleos en blanco durante los últimos cuatro años, no está asegurada.El hombre tiene la causa de los nueve robos de teléfonos en trámite. En ese expediente hay un pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal José María Campagnoli, que interviene en la investigación, y que debe resolver la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ya que en primera instancia fue desestimado por el juez Pablo Ormaechea.
Campagnoli había definido que la prisión preventiva era necesaria porque existía riesgo de fuga dado que ya había cometido muchos robos anteriores. Aquel 13 de abril, luego de que cayera de la moto, fue aprehendido por un policía: en su bolso llevaba 11 celulares presuntamente robados.
El fiscal había arriesgado además que la pena sería superior a tres años: «Por la gran cantidad de hechos protagonizados por Bazán en un escaso tiempo, la gravedad de estos, la circunstancia de que el máximo de pena supera holgadamente los ocho años de prisión, la llamativa reiteración y proclividad a delinquir demostrada y la pluralidad de víctimas permiten presumir fundadamente que la pena que le corresponderá se alejará del mínimo legal aplicable y superará el umbral de tres años de prisión; lo que determinaría que sea de cumplimiento efectivo».
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