Los obispos publicaron un comunicado en defensa de la propiedad privada luego del desalojo del predio de Guernica y el fallo que le dio la razón a Luis Etchevehere
En un comunicado firmado por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia Católica argentina expresó que “no avala las tomas” porque “son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”. El texto, que lleva firma del titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea, los vicepresidentes Mario Poli y Marcelo Colombo y el secretario general, Carlos Malfa, puntualizó que «mucho menos aceptable es el oportunismo de quienes se aprovechan de la extrema necesidad de los más pobres para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político”.
El documento se hizo público en el marco de la discusión sobre la defensa de la propiedad privada y tras las críticas del ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. “No hay un comunicado de la Iglesia sobre las tomas, es una barbaridad”, criticó ayer el ex senador nacional y actual Auditor de la Nación. Desde la CEA niegan que este comunicado sea una respuesta a esas declaraciones.
“Hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno”, expresó la Conferencia Episcopal. Y agregaron que “en estas horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes”. También expresaron preocupación por “cualquier resolución de estos conflictos que naturalice la violencia y ponga en riesgo la vida de las personas”.
El pasado 27 de septiembre, la Pastoral Social de la Diócesis de Lomas de Zamora (que tiene responsabilidad eclesial sobre la localidad de Guernica) ya se había expresado al respecto. “No avalamos la toma ilegal de tierras, la cual está tipificada como un delito”, afirmaron en ese momento.
Por cierto que puntualizaron que “la cuestión de tierras es el síntoma de un problema más amplio que aqueja a nuestro país” y que “es imperioso atender la crisis demográfica y habitacional que atraviesa no solo el Gran Buenos Aires, sino a todo el territorio argentino”, pero es significativo que quienes tienen contacto directo con la problemática de la pobreza en la zona hayan sido taxativos al respecto.
En el comunicado que hoy temprano difundió la Comisión Ejecutiva de la CEA hay algunos guiños para los sectores ideológicos más combativos vinculados a la Iglesia. Por empezar, el título, que reproduce una línea del Salmo 24,1, “Del Señor es la tierra”. Y también el señalamiento de que la toma de tierras es “un fenómeno conocido en la Argentina desde los orígenes mismos de nuestra historia”, lo que podría incluir la avanzada de las primeras familias de argentinos y del Ejército de Julio Argentino Roca sobre la Patagonia.
A pesar de estos cuidados que tiene el texto, el documento de la Conferencia Episcopal es explícito en contra de las usurpaciones: “nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás».
Fuentes eclesiales explicitaron a Infobae que “es innegable que la propiedad privada es un derecho y todos tienen derecho a la tierra». Agregaron que «la tierra es un don de Dios y quien accede a ella tiene un derecho que debe ser respetado”. Otro aspecto que buscaron destacar es la importancia que tiene el cuidado de la tierra en la encíclica papal Laudato, Si, el texto sobre ambiente y desarrollo sostenible que el papa Francisco hizo conocer en el 2015.
El comunicado reclamó que “hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno» y pidió una actuación rápida de la justicia: “confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes”.
Por último, la CEA también apuntó a la dirigencia. «En el arte de la política, siempre necesario, los distintos niveles del gobierno, nacional, provincial y municipal, deben velar por la seguridad de todos los habitantes”, expresó.