LA PLATA – Gracias a la tenacidad de la dirigencia de la Unión del Personal de Seguridad Privada (U.P.S.R.A), sobre todo del Delegado Regional y miembro de Comisión Directiva Nacional Pablo Otero, y el expreso mandato del Secretario General del Gremio, Leonidas Requelme, el Concejo Deliberante comenzó a intervenir en el siempre controvertido tema de la seguridad privada en los edificios públicos de la Municipalidad de La Plata, dado que recientemente ingresó un proyecto de resolución mediante el cual se pide que se informen los nombres de las empresas encargadas de tal función.
Al respecto, en el proyecto en cuestión se solicita al gobierno de Julio Garro (Juntos por el Cambio) que informe los nombres de las empresas de la seguridad privada de los distintos edificios públicos cuyo titular registral sea la Municipalidad de La Plata.
A su vez, se le pide a dicha administración que informe “bajo qué modalidad contractual es registrada la relación, así como también la modalidad y el régimen que aplica al personal encargado de dicha tarea”.
Cabe destacar que la iniciativa en cuestión en el cuerpo deliberativo fue presentada por Victoria Tolosa Paz, integrante del bloque Frente de Todos. Según se supo, la representante de la oposición se hizo eco de los reclamos planteados en su momento por la Delegación La Plata de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA).
“Es muy importante que el Departamento Ejecutivo municipal nos informe con precisión los nombres de la o las empresas encargadas de prestar el servicio de seguridad privada en los bienes registrados a nombre de la Municipalidad de La Plata, y de no ser así, nos informe la modalidad y el régimen que aplica al personal encargado de dicha tarea”, fundamentó la representante justicialista.
Otro de los pedidos realizados al Departamento Ejecutivo tiene que ver con el “listado completo del personal de servicio de seguridad privada contratado, ordenándolo según las categorías reglamentadas por la ley 12.297 y sus modificaciones”.
A su vez, Tolosa Paz requirió que se informe si el personal de seguridad privada “porta credencial habilitante en forma visible conforme la ley 12.297 y sus modificaciones”. Cabe precisar que la mencionada ley establece el reempadronamiento obligatorio de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada y de los sostenedores de servicios de serenos particulares habilitados por las autoridades correspondientes del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, uno de los artículos del proyecto de resolución de la concejala opositora pide que se informe si los prestadores de seguridad privada contratados por el Departamento Ejecutivo Municipal “están debidamente habilitados por la autoridad de aplicación establecida por la ley 12.297 y sus modificaciones”; como así también “si los prestadores de seguridad privada contratados por el Departamento Ejecutivo Municipal han presentado los seguros de responsabilidad civil por el monto requerido por la autoridad de aplicación, y de ser así presente los mismos”.
fuente: seccionesbonaerenses