Un proyecto votado por la oposición chocó de frente con la legislación vigente. El Fiscal General fue contundente: no pueden acceder a esos datos.
29 de marzo de 2026
CHASCOMÚS – La primera sesión del Concejo Deliberante de Chascomús dejó más que cruces políticos y bancas vacías. También expuso un preocupante nivel de desprolijidad institucional: concejales de la oposición impulsaron un pedido de información a la Justicia que, por ley, es imposible de responder.
El expediente —aprobado por bloques de la UCR, La Libertad Avanza y Potencia— solicitaba a la UFIyJ N° 9 detalles sobre investigaciones vinculadas a hechos delictivos ocurridos en la ciudad. Incluía preguntas sobre actuaciones, imputaciones y el accionar policial.
Pero la respuesta no tardó en llegar… y fue categórica.
En una nota firmada por el Fiscal General del Departamento Judicial de Dolores, Diego Leonardo Escoda, se dejó en claro el límite legal: “los integrantes del Ministerio Público no pueden dar información judicial del ámbito de su competencia”, citando el artículo 47 de la Ley 14.442. El argumento es central: la reserva protege la investigación, la seguridad y la privacidad de las personas.
Es decir, el pedido era jurídicamente inviable desde su origen.
Lejos de quedarse allí, el fiscal orientó la discusión hacia el plano correcto: la seguridad pública depende del Ejecutivo provincial, en el marco de la Ley 12.154. Traducido: los concejales apuntaron al organismo equivocado.
Un problema más profundo
El episodio abre un interrogante incómodo: ¿cómo se elaboran los proyectos dentro del Concejo?
Porque no se trata solo de una iniciativa mal formulada. Se trata de un expediente que fue presentado, debatido y aprobado sin advertir una incompatibilidad legal básica.
La secuencia deja preguntas inevitables:
- ¿Se consulta a especialistas antes de avanzar con estos pedidos?
- ¿Se revisa la normativa vigente?
- ¿Cuántos proyectos podrían estar en la misma situación?
No está en discusión la intención política ni la preocupación por la seguridad. Pero sí queda en evidencia una falla en los mecanismos de trabajo legislativo.
Señales de alarma
Cuando un cuerpo deliberativo aprueba requerimientos que la ley impide cumplir, el problema deja de ser político y pasa a ser institucional.
La elaboración de una ordenanza —o incluso de un simple pedido de informes— exige rigor técnico, conocimiento legal y responsabilidad. Sin eso, el riesgo es claro: generar iniciativas que no solo fracasan, sino que erosionan la credibilidad del propio Concejo.
En este caso, el resultado fue contundente: una solicitud sin sustento legal que terminó con una respuesta que expone más de lo que aclara.
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