Con el argumento que es “algo cultural de Pinamar”, Juan Ibarguren, de «Juntos por el Cambio» anticipó que recurrirá la medida dispuesta por un juez de Dolores. Los accidentes en los médanos fueron una constante este verano.
03 de febrero de 2026
Pinamar, BUENOS AIRES – La decisión del intendente Juan Ibarguren de recurrir el fallo judicial reabre un debate sensible: la convivencia entre el turismo aventura y una larga lista de accidentes graves que marcaron la historia reciente del sector.
La determinación del intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, de apelar la medida judicial que prohíbe las actividades con cuatriciclos, motos, UTVs y camionetas 4×4 en los médanos de La Frontera volvió a colocar en el centro de la escena un conflicto que cada temporada estival suma nuevos episodios de tragedia, denuncias y cuestionamientos a los controles municipales.
La resolución había sido dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, que ordenó la suspensión inmediata de carreras, picadas y pruebas de destreza en ese sector, históricamente asociado a prácticas de alto riesgo. La medida responde a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien advirtió sobre la reiteración de “maniobras temerarias sin autorización ni controles”, que derivaron durante años en accidentes graves, varios con víctimas fatales y menores de edad involucrados.
Un historial marcado por tragedias
El fallo judicial menciona uno de los casos más recientes y conmocionantes: el de Bastián Jerez, el niño de 8 años atropellado el 12 de enero, quien aún permanece internado en grave estado en Mar del Plata. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado.
Durante los últimos veranos, organismos de seguridad vial y medios locales registraron múltiples siniestros protagonizados por vehículos todoterreno en La Frontera. Choques entre conductores, vuelcos y atropellos a peatones forman parte de una estadística que, si bien carece de registros oficiales sistematizados, ha generado reiteradas advertencias de especialistas y asociaciones civiles.
El crecimiento del parque de cuatriciclos y vehículos off road, sumado a la circulación sin delimitaciones claras ni fiscalización constante, transformó a la zona en un espacio donde el riesgo dejó de ser una excepción para convertirse en una constante.
Un fallo que cuestiona la falta de controles
En su resolución, el juez suplente Félix Adrián Ferrán fue contundente al remarcar que el municipio no puede excusarse en la titularidad privada de los predios para eludir su obligación de control. El magistrado sostuvo que el peligro existente es “cierto, conocido y evitable”, y dispuso que la prohibición se mantenga vigente hasta que la comuna garantice condiciones de seguridad adecuadas, incluyendo señalización, delimitación de sectores y supervisión efectiva.
El fallo judicial, lejos de ser una medida improvisada, expone una problemática estructural que durante años avanzó sin regulación firme, mientras el flujo turístico y la actividad recreativa en médanos continuaban creciendo.
La reacción del intendente y un argumento polémico
Ibarguren rechazó la prohibición y defendió la actividad al sostener que “prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”. Además, aseguró que el uso recreativo de vehículos en los médanos constituye “algo cultural de Pinamar” y remarcó su impacto económico en la generación de empleo vinculada al turismo.
No obstante, la postura del jefe comunal genera fuertes cuestionamientos. Diversos sectores advierten que el planteo parece minimizar un escenario donde los antecedentes de accidentes graves son reiterados y donde la ausencia de controles adecuados fue señalada incluso por la Justicia.
El intento de apelar la medida abre un interrogante inevitable: si la actividad representa un rasgo identitario o económico del distrito, ¿por qué no se avanzó antes en un esquema de regulación eficaz que reduzca los riesgos?
Un debate que trasciende el turismo
Tras conocerse el fallo, durante el último fin de semana se observó una disminución en la circulación de motos, cuatriciclos y vehículos 4×4 en La Frontera, lo que evidencia el impacto inmediato de la medida judicial.
Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. La apelación anunciada por el Ejecutivo municipal anticipa un nuevo capítulo en una discusión que enfrenta intereses turísticos, tradiciones recreativas y, principalmente, el derecho a la seguridad.
Mientras tanto, la historia reciente de La Frontera continúa recordando que, detrás del atractivo del turismo aventura, existe una realidad que suma víctimas y plantea un desafío urgente: decidir si la actividad puede convivir con reglas estrictas o si la falta de controles seguirá convirtiendo a los médanos en un escenario donde el riesgo es parte del paisaje.
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