Desde hace tres años, la Provincia mantiene un reclamo contra la administración Nación por una deuda que, según sus cálculos, supera los 22 billones de pesos, y en este monto se contemplan fondos coparticipables, la paralización de la obra pública y transferencias recortadas.
30 de marzo de 2026
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó la octava demanda ante la Corte Suprema de Justicia, contra la gestión que lidera el presidente Javier Milei y en este caso con motivo del incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio 2023.
El objetivo, como le adelantó el Gobernador la semana pasada a los más de 80 intendentes que llegaron a La Plata, es el de recuperar recursos fiscales que corresponden a la Provincia y “defender el cumplimiento de los acuerdos federales”, señalaron.
Sumado a ello, el Ejecutivo bonaerense pedirá, además, el dictado de una medida cautelar para que Nación vuelva a aplicar el método correcto y deje de generar perjuicio hacia adelante
Así, el reclamo será por más de $2.2 billones más la actualización e intereses. Incluye las diferencias 2023–2025 por el Fondo del Conurbano y el saldo impago del convenio del año 2023, explicaron desde la Gobernación.
En tal sentido, aseguran que Nación cambió unilateralmente el mecanismo de actualización: en lugar de inflación real (IPC) usó estimaciones de presupuesto y eso implicó una pérdida importante de recursos para la Provincia.
El planteo provincial está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos; la normativa vigente, que fijaba el método de cálculo; los acuerdos fiscales obligatorios (Derecho Intrafederal) y la seguridad de que Nación no puede modificarlos ni incumplirlos unilateralmente.
Cabe recordar que la Provincia mantiene un reclamo contra Nación por una deuda que, según sus cálculos, supera los 22 billones de pesos. Dentro de ese monto se incluyen fondos coparticipables, la paralización de la obra pública y transferencias recortadas.
Entre los principales conceptos figuran 8,7 billones por obras comprometidas y no finalizadas, 3,8 billones por deudas directas como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, y otros 3,1 billones por programas discontinuados.
A esto se suma la disputa judicial por la suspensión de transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinadas a cubrir déficits previsionales provinciales, cuya deuda se estima en más de 2,2 billones de pesos.
En tal sentido, el máximo órgano de Justicia citó a una audiencia a las partes para el próximo 21 de abril a las 11, luego de una primera cita que se realizó el pasado 17 de marzo.
De dicho encuentro participaron, en representación del Estado provincial, el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el Asesor de Gobierno, Santiago Pérez Teruel y la titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti.
ESCRIBE AQUI