Las nuevas sanciones incluyen multas económicas que van de 8.500 a 25.000 módulos municipales, equivalentes según estimaciones oficiales a montos que pueden alcanzar hasta 15 millones de pesos.
19 de enero de 2026
Luego de los accidentes que tuvieron lugar en las playas de la Costa Atlantica y específicamente en Pinamar, el municipio dirigido por el intendente Juan Ibarguren, tomó la decisión de endurecer las penas por la circulación indebida de vehículos motorizados recreativos.
A través del Decreto N° 0104/2026, firmado el 16 de enero por el intendente Ibarguren, con vigencia inmediata, se reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16, incorporada al Código de Faltas local.
La medida apunta directamente a cuatriciclos, UTV (vehículos utilitarios todoterreno), motocicletas, camionetas 4×4 y cualquier otro vehículo motorizado que circule fuera de las zonas habilitadas, como playas, dunas, médanos y corredores no autorizados.
El detonante principal fue el grave siniestro que involucró a un niño de 8 años, Bastián Jerez, quien permanece internado en estado crítico en un hospital de Mar del Plata tras el choque frontal entre un UTV en el que viajaba con su padre y una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un empresario de Junín.
Las nuevas sanciones incluyen multas económicas que van de 8.500 a 25.000 módulos municipales, equivalentes según estimaciones oficiales a montos que pueden alcanzar hasta 15 millones de pesos, dependiendo de la gravedad, el riesgo generado y la reincidencia. Además, se establece la retención preventiva y secuestro inmediato del vehículo infractor, que será trasladado al playón municipal.
El infractor deberá hacerse cargo de la totalidad de los costos derivados de las infracciones o accidentes: gastos médicos como internaciones, estudios y medicación, traslados sanitarios, operativos de emergencia, uso de recursos municipales (personal, móviles, maquinaria de áreas como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente), reparación de daños ambientales y limpieza de espacios afectados.
El Municipio podrá reclamar estos montos por vía administrativa o judicial, incluso contra el titular registral del vehículo.
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