Ante un reclamo de la oposición, el SPB dijo que las razones de esta resolución judicial estuvieron ligadas a las restricciones que impuso la pandemia en 2020.
LA PLATA – Diputados bonaerenses de Juntos presentaron un proyecto para que el Gobierno de Axel Kicillof derogue el protocolo que permitió que los reclusos en cárceles provinciales tengan en su poder teléfonos celulares. La medida fue implementada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de COVID-19.
En ese marco, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) emitieron un comunicado para contestar las manifestaciones de fuerzas opositoras y así explicar varias cuestiones ligadas a la implementación de este protocolo, el cual regula la utilización de celulares por parte de detenidos en unidades penales de la provincia.
A su vez, aclararon que el protocolo aludido se implementó en línea con decisiones adoptadas en este mismo sentido por 14 provincias de nuestro país y servicios penitenciarios de Europa (entre ellos, el de España y Gran Bretaña). «Desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente», argumentaron las autoridades del SPB.
Por otro lado, se refirieron a las manifestaciones públicas realizadas por los diputados de Juntos Alex Campbell y Matías Ranzini y remarcaron que «el Gobierno provincial no recurrió decisiones judiciales liberatorias de personas detenidas, corresponden realizar las siguientes aclaraciones». «En primer lugar, y en honor al sistema republicano, son funciones ajenas al Poder Ejecutivo la de detener o liberar personas». «Tampoco está dentro de las funciones de las distintas carteras de gobierno la de recurrir resoluciones en procesos judiciales. Esta última función es propia y exclusiva del Ministerio Público, así como de los organismos de la Constitución, personas o asociaciones que pueden asumir un rol procesal», señalaron.
Por último, indicaron que «en torno a la preocupación por la liberación de personas detenidas y de acuerdo con las estadísticas que produce la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, vale traer a colación que en el año 2015 fueron 34.443 las personas que recuperaron la libertad desde cárceles y comisarías bonaerenses». «Ese número fue creciendo en los años siguientes hasta llegar a 42.061 personas en 2019. Esa tendencia se revirtió a partir de 2020. En ese año ese universo de personas alcanzó las 36.257 y, al 10 de agosto de 2021, se registraron en esa misma categoría 33.715», concluyeron.