Los acusados hicieron figurar al fallecido Hugo Alberto Del Pino como exodontólogo, titular de una clínica que se encargó de prestar servicios odontológicos a jubilados de Mar del Plata y la zona entre 2005 y 2008.
La Justicia Federal elevó a juicio una causa por una intrincada estafa al PAMI en la que los acusados utilizaron a un cuidacoches muerto para nombrarlo gerente de una clínica odontológica que prestó servicios de manera irregular a los jubilados de Mar del Plata y la zona entre 2005 y 2008 por una cifra que se estima cercana al millón de pesos.
Si bien aún se investiga la posible connivencia de funcionarios públicos, el juez Santiago Inchausti decidió dar por terminada una etapa de la instrucción y elevar la causa a juicio que involucra a los directivos de la clínica odontológica y principales sospechosos de haber estafado al Estado: Néstor Fabián Pardo y Marcela Susana Pagano -representados por Facundo Capparelli-, Rubén Carlos Aparicio -representado por Cristabel Aparicio y César Sivo– y Carlos Fabián Pallaro -representado por Sebastián Bolagna-.
Pardo, Pagano, Aparicio y Pallaro se encuentran en libertad y la Cámara ya confirmó sus procesamientos por defraudación y administración fraudulenta.
Según consta en la causa, la estafa realizada fue de $882.218. Para realizarla, crearon una empresa fantasma llamada Integradora de Sudeste SRL, que tenía como gerente a Hugo Alberto Del Pino, un cuidacoches de Mar del Plata que falleció el 2 de marzo de 2005, a quien hicieron pasar como exodontólogo y que, después de muerto, falsificaron su firma para conseguir la contratación del PAMI en prestación de servicios odontológicos.
Para los operadores del Poder Judicial Federal de Mar del Plata se trata de una causa “muy importante”, ya que es una defraudación de muchos años al PAMI -los hechos investigados son de 2005 a 2008- que tiene como víctimas colaterales a jubilados de la ciudad y la zona, que recibieron servicios odontológicos irregulares.
La causa se inicia en 2008, cuando una odontóloga nota que había prestaciones facturadas al PAMI a su nombre que ella no había hecho. Incluso esas prestaciones tenían a su firma falsificada para validarlas. Iniciada la denuncia, la Justicia constató que sólo a su nombre se registraron 658 facturas por prestaciones que no realizó y que fueron presentadas ante el PAMI por los acusados Pardo y Pagano, como administradores de la clínica Integradora de Sudeste SRL.
La investigación, desde ese momento, fue larga y compleja, ya que, a pesar de una serie de allanamientos, no aparecieron los contratos que vinculaban al PAMI con la clínica Integradora de Sudeste SRL, por lo que se tuvo que reconstruir ese vínculo entre PAMI y los acusados, quienes efectivamente eran los responsables de prestar los servicios odontológicos en toda la región.
En una primera declaración, los imputados habían explicado que “posiblemente” figuraban facturas por servicios odontológicos realizados por un profesional, pero con el nombre de otro y que esto se debía a un sistema de “cupos” que asignaba PAMI a cada profesional y que, como a alguno le “sobraban” esos cupos, se los adjudicaban a otro para que no se perdieran.
Sin embargo, en la pesquisa se pudo comprobar -al entrevistar también a los jubilados que figuraban atendidos por los profesionales- que muchos de esos trabajos jamás se hicieron.
Si bien el juez Inchausti elevó la causa a juicio, todavía están bajo sospecha funcionarios públicos y un escribano -por haber certificado la firma del cuidacoches muerto-. Para estas personas la Cámara había declarado la falta de mérito, por lo que los investigadores aún toman medidas, solicitaron información, auditorías al PAMI y documentación adicional.
La hipótesis fiscal
El Ministerio Público Fiscal expuso que se les imputa a Pardo, Pagano, Aparicio y Pallaro el haber llevado a cabo por lo menos desde el año 2005, una administración fraudulenta al establecer el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, un vínculo contractual con sociedades irregulares, con socios inexistentes o “fantasmas” para realizar a través de ellas servicios odontológicos cuya prestación generó un perjuicio patrimonial para las arcas del PAMI por $882.218. Dicha maniobra habría conllevado a no controlar las prestaciones que se hacían para facturar prestaciones no realizadas o realizadas por personal médico no autorizado (hecho III).
En la investigación se constató que los imputados conformaron, desde 1994 en adelante, diferentes sociedades comerciales y ejercieron el control en otras pese a no figurar en su integración legal. Estas sociedades, vinculadas entre sí, presentaban en sus distintas constituciones a personas muertas, personas inexistentes y documentación falsificada.
Estas maniobras se advierten, principalmente, con la firma “Integradora de Sudeste SRL”, la cual tenía a Hugo del Pino como gerente, a pesar de haber fallecido dos años antes de las maniobras detectadas. Esta sociedad no tenía oficinas ni personal, siendo Aparicio quien se encargaba de todo desde la clínica de CEO SRL
En este marco de irregularidades, se detectaron maniobras concretas de defraudación, mediante la presentación al cobro de servicios odontológicos no prestados, para lo cual falsificaron las firmas de odontólogos en las planillas de los pacientes, logrando que PAMI abonase por tales servicios.
“En cuanto al punto, lo que no debe perderse de vista es que se ha acreditado que el Inssjp se vinculó de hecho con una sociedad falsa -o de las denominadas comúnmente como “fantasma”- abonándole sumas de dinero por prestaciones no realizadas, realizadas deficientemente o efectivamente efectuadas. Sin embargo, lo relevante del caso es que se abonaron sumas dinerarias que tenían como destinatario final a personas camufladas o ‘prestanombres’ o fallecidas que dependían y respondían a los investigados Pardo y Pagano”, consideró el fiscal Juan Manuel Portela.
“El hecho de no haberse podido acreditar hasta el momento con sustento suficiente, quiénes fueron los funcionarios públicos del organismo que llevaron adelante la administración infiel, no echa por tierra la circunstancia de que existió toda una contratación de principio a fin fraudulenta con una empresa cuyos responsables eran inexistentes, para perjudicar las arcas del estado en cuyo marco se cometieron casos concretos de defraudación, en favor de Pardo, Pagano, Aparicio y Pallaro”, concluyó Portela.