05 de Octubre de 2022<\/p>\n
La Corte Suprema de la Naci\u00f3n dispuso que la justicia civil y comercial ordinaria de Mar del Plata tramite una demanda por presunto da\u00f1o ambiental formulada contra propietarios de inmuebles agr\u00edcolas y explotaciones comerciales de tierras vecinas ubicadas dentro del denominado \u00abcorredor Santa Clara\u00bb, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.<\/p>\n
\nLa \u00abacci\u00f3n preventiva de da\u00f1o ambiental de incidencia colectiva\u00bb fue promovida en 2020 por vecinos de distintas localidades que integran el \u00abCorredor Santa Clara, Partido de Mar Chiquita\u00bb, en la provincia de Buenos Aires debido a \u00abla aplicaci\u00f3n, manipulaci\u00f3n, traslado y disposici\u00f3n\u00bb de \u00abresiduos peligrosos\u00bb en las cercan\u00edas, entre los que se encuentran agroqu\u00edmicos.<\/h3>\n<\/blockquote>\n
Ante el pedido de que \u00abse resguarde el ambiente y la salud de las poblaciones que integran dicho corredor\u00bb<\/strong><\/em> que incluy\u00f3 el dictado de una medida cautelar, se gener\u00f3 un \u00abconflicto de competencia\u00bb<\/strong><\/em> entre la justicia ordinaria, ya que se consider\u00f3 que la demanda tambi\u00e9n apuntaba a la afectaci\u00f3n que podr\u00eda sufrir el Mar Argentino por el manejo de los agroqu\u00edmicos.<\/p>\n
\nLa procuradora fiscal Laura Monti, cuyo dictamen fue seguido por la Corte, se\u00f1al\u00f3 que el reclamo solo mencionaba el eventual da\u00f1o de los residuos peligrosos a \u00abarroyos, lagunas\u00bb y \u00abhasta escasos metros del mar\u00bb y que \u00abel factor degradante se encuentra en la provincia de Buenos Aires\u00bb.<\/h3>\n<\/blockquote>\n
Los \u00abrecursos vivos que pueblan las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas\u00bb, de acuerdo a la Constitucional Nacional y bonaerense, pertenecen a un dominio que puede ser ejercido por la provincia, acot\u00f3 Monti.<\/p>\n
\nPor ser \u00abun espacio geogr\u00e1fico-f\u00edsico-biol\u00f3gico\u00bb habitado por quienes integran esa colectividad\u00bb son \u00ablas autoridades locales las encargadas de valorar y juzgar si las actividades denunciadas afectan aspectos propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente al medio ambiente\u00bb, agreg\u00f3.<\/h3>\n<\/blockquote>\n
De esa manera, seg\u00fan la procuradora fiscal, \u00abse reconoce a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protecci\u00f3n ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan\u00bb.<\/p>\n
\nRemarc\u00f3 adem\u00e1s que \u00abel ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicci\u00f3n, que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acci\u00f3n de las personas que inciden en ese medio, m\u00e1xime cuando no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales compartidos por m\u00e1s de jurisdicci\u00f3n\u00bb.<\/strong><\/em><\/h3>\n<\/blockquote>\n
El fallo de la Corte, que fue de car\u00e1cter un\u00e1nime, determina que \u00abdeber\u00e1 seguir entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n\u00famero 15 de Mar del Plata\u00bb, precisaron fuentes judiciales. (InfoGEI<\/b>) Mg<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"