Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, fue exonerada tras un sumario administrativo relacionado con su participación en el proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de pesticidas en personas, animales y el ambiente.
27 de octubre de 2026
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en Argentina un estudio internacional sobre la presencia de plaguicidas en el organismo humano y en el ambiente. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 366, fechada el 26 de octubre, luego de un sumario administrativo que se extendió durante casi tres años.
La decisión constituye la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario del empleo público nacional y aparta a la científica de su cargo en el organismo. El caso generó cuestionamientos de sectores científicos y socioambientales, que vinculan el conflicto con la interrupción de la difusión de los resultados de la investigación en Argentina.
Sin embargo, el INTA fundamentó la sanción en presuntos incumplimientos administrativos relacionados con la coordinación del proyecto, el manejo de recursos y el acceso a información, entre otros aspectos. Aparicio rechazó las acusaciones y cuestionó el procedimiento.
Una investigación que detectó plaguicidas en muestras humanas
Aparicio es ingeniera agrónoma y desarrolla su actividad científica en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce desde hace años. Su trabajo se concentró en el estudio de suelos, agua y plaguicidas.
En 2020, el INTA se incorporó al proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos. La iniciativa buscó estudiar la presencia de pesticidas y sus mezclas en el ambiente, los animales y las personas.
En Argentina participaron 73 voluntarios del sudeste bonaerense. Durante el estudio se recolectaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de analizarse distintos componentes ambientales. El proyecto contempló la búsqueda de 208 plaguicidas.
Entre los resultados difundidos se informó que se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas. También se identificaron otras sustancias en muestras biológicas y ambientales.
Es importante hacer una distinción: detectar un plaguicida en una muestra no demuestra, por sí solo, que haya provocado una enfermedad. El objetivo de SPRINT era identificar las sustancias presentes, sus concentraciones y las combinaciones más frecuentes. Para establecer posibles efectos sanitarios se requieren evaluaciones específicas y estudios posteriores.
El conflicto comenzó en 2023
La controversia tomó dimensión en junio de 2023, cuando las autoridades del INTA suspendieron una presentación en la que se iban a comunicar los resultados del estudio en Argentina. Tampoco se concretó en las condiciones previstas la devolución individual de los análisis a los participantes.
Meses después, el organismo decidió retirarse del proyecto e inició un sumario administrativo contra Aparicio.
Entre los cuestionamientos incluidos en el procedimiento figuraron el manejo de los fondos destinados a la investigación, el envío de muestras al exterior para su análisis, cuestiones vinculadas con el protocolo de bioética y la intervención de un colaborador que, según el organismo, no contaba con la autorización institucional correspondiente para las tareas que realizaba.
La resolución también observó diferencias relacionadas con la cantidad de participantes contemplada inicialmente en el protocolo y la informada durante el desarrollo del estudio.
Aparicio rechazó las acusaciones y cuestionó la proporcionalidad de la medida. Además, planteó objeciones sobre el procedimiento administrativo y su derecho de defensa, que fueron rechazadas por el Consejo Directivo del INTA.
Qué argumentó el organismo para aplicar la sanción
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el Consejo Directivo consideró que existieron incumplimientos vinculados con el ejercicio de las funciones y el uso de recursos públicos durante el desarrollo del proyecto.
Entre otros puntos, se cuestionó la participación de un investigador retirado del INTA en tareas de coordinación y acceso a información, así como la gestión de determinados análisis en laboratorios del exterior sin la autorización institucional que el organismo consideraba necesaria.
El documento reconoce, sin embargo, que no se acreditó un beneficio económico personal para Aparicio ni se estableció un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. También señala que la investigadora no registraba antecedentes disciplinarios.
Pese a esas circunstancias, el organismo entendió que las conductas consideradas probadas justificaban la aplicación de la exoneración.
La resolución también dispuso comunicar los antecedentes a la Oficina Anticorrupción ante la eventual configuración de delitos de acción pública. Esa comunicación no implica, por sí misma, que exista una condena penal ni que se haya comprobado la comisión de un delito.
Cuestionamientos y posible intervención judicial
La sanción reavivó las críticas de organizaciones científicas, sindicatos y agrupaciones socioambientales, que expresaron preocupación por las consecuencias del caso para la investigación pública.
Los cuestionamientos apuntan especialmente a la suspensión de la presentación de resultados y al retiro del INTA de un estudio que había contado con participación institucional.
Por su parte, Aparicio sostiene que el conflicto excede su situación laboral y plantea interrogantes sobre la libertad de investigación y las condiciones en las que se producen y comunican conocimientos científicos vinculados con la salud y el ambiente.
Tras la decisión administrativa, la defensa podrá recurrir a la Justicia para cuestionar la medida.
Un debate que va más allá de una sanción
La exoneración de Virginia Aparicio deja planteada una discusión que involucra dos cuestiones que deben analizarse con rigor: las responsabilidades administrativas de quienes trabajan en organismos públicos y las garantías necesarias para desarrollar y difundir investigaciones científicas.
Mientras el INTA sostiene que la medida responde a incumplimientos detectados durante el sumario, los sectores que respaldan a la investigadora cuestionan la decisión y advierten sobre sus posibles efectos en la autonomía científica.
El caso vuelve a poner en agenda el acceso a la información ambiental, la comunicación de los resultados de estudios científicos y la necesidad de distinguir entre las irregularidades administrativas atribuidas por un organismo y las conclusiones de una investigación sobre la exposición a sustancias químicas.
Fuentes: El Diario de Balcarce y El Editor Platense.
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