Multa millonaria por una falsa amenaza de bomba: la Justicia empieza a poner límites a las “bromas” en escuelas

En Mar del Plata, la familia de un alumno deberá pagar más de 3 millones de pesos tras un operativo que incluyó evacuación y despliegue policial. Hubo allanamiento y sanciones ejemplares.

24 de abril de 2026

MAR DEL PLATA –   Un caso reciente en Mar del Plata marca un punto de inflexión frente a una problemática que crece en todo el país: las amenazas en escuelas que muchos aún insisten en minimizar como “bromas” ahora empiezan a tener consecuencias económicas y judiciales concretas.

La Justicia determinó que la familia de un alumno deberá afrontar una multa superior a los 3 millones de pesos por una falsa amenaza de bomba en la Escuela Secundaria N°18 “Astor Piazzolla”. La sanción busca cubrir los costos del operativo policial que incluyó evacuación del establecimiento y despliegue de fuerzas de seguridad.

El episodio ocurrió tras un llamado que obligó a suspender las clases y activar todos los protocolos de emergencia. A partir de la investigación, se logró identificar el teléfono desde donde se realizó la amenaza, lo que derivó en un allanamiento en el domicilio del menor involucrado.

Pero las consecuencias no terminaron ahí. Además de la multa, se dispuso el retiro de beneficios sociales a la familia y se implementaron cambios estrictos en la dinámica escolar: se prohibió el ingreso de mochilas y celulares, y los alumnos deberán concurrir con sus útiles en formato reducido o en bolsas transparentes.

El mensaje de fondo es claro: ya no hay margen para relativizar estos hechos. Lo que durante años se consideró una travesura ahora es tratado como un delito con impacto real. No solo por el costo económico —que recae directamente en las familias— sino por el nivel de recursos que moviliza cada amenaza, en un contexto donde las fuerzas de seguridad trabajan con limitaciones.

El caso se da en medio de una seguidilla de episodios similares en distintas ciudades, donde amenazas, mensajes intimidatorios y falsas alarmas generan evacuaciones, suspensión de clases y creciente preocupación social.

La decisión judicial en Mar del Plata introduce un cambio de lógica: responsabilizar no solo al autor, sino también a su entorno. Y en ese punto, deja una advertencia concreta que ya no admite dobles lecturas: lo que algunos llaman “broma” puede terminar costando millones.

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